Derecho laboral
Asesoramiento y defensa laboral con rigor y experiencia
Abogado laboralista en Seseña, Toledo y Madrid, con actuación en toda España
Asesoría integral en procesos laborales
Prestamos asesoramiento y defensa jurídica a personas trabajadoras y empresas en las distintas materias derivadas de la relación laboral. Analizamos contratos, condiciones de trabajo, reclamaciones salariales, medidas disciplinarias, despidos y demás conflictos laborales, interviniendo tanto en la negociación y conciliación previa como ante los órganos de la jurisdicción social. Cada asunto se estudia de forma individualizada para determinar su viabilidad, las alternativas disponibles y la estrategia más adecuada.
Expedientes disciplinarios, despidos y sanciones
Si has recibido una carta de despido, una sanción o la apertura de un expediente disciplinario, es esencial revisar inmediatamente los hechos imputados, las pruebas existentes y el cumplimiento de los requisitos legales y convencionales. El plazo para impugnar un despido o una sanción es, con carácter general, de veinte días hábiles, por lo que resulta imprescindible actuar con rapidez. Te asesoramos desde la recepción de la comunicación empresarial hasta la conciliación y, cuando resulte necesario, la defensa judicial.
Extinción del contrato por incumplimientos graves del empresario
La falta de pago o los retrasos continuados en el abono del salario, determinadas modificaciones sustanciales realizadas irregularmente y otros incumplimientos empresariales graves pueden justificar que la persona trabajadora solicite judicialmente la extinción indemnizada de su contrato. Esta vía no equivale a una baja voluntaria y requiere analizar cuidadosamente la gravedad, continuidad y prueba de los incumplimientos. Cuando concurren los requisitos legales, la indemnización es la prevista para el despido improcedente.
Reclamaciones de derechos laborales y salariales
Defendemos reclamaciones por salarios, horas extraordinarias, complementos, diferencias retributivas, vacaciones, clasificación profesional y demás derechos derivados del contrato de trabajo, del convenio colectivo o de la legislación laboral. En las reclamaciones de cantidad, el plazo general es de un año desde que el pago pudo exigirse, aunque otros derechos laborales pueden estar sometidos a plazos distintos y mucho más breves. Estudiamos la documentación, cuantificamos la reclamación y actuamos en conciliación y ante la jurisdicción social.
Modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo
La empresa puede modificar determinadas condiciones —como jornada, horario, turnos, remuneración, sistema de trabajo o funciones— únicamente cuando concurran las causas y se respete el procedimiento legalmente establecido. La persona trabajadora puede impugnar la medida dentro del plazo de veinte días hábiles desde su notificación y solicitar la reposición de sus anteriores condiciones. En determinados supuestos, si la modificación le causa perjuicio, también puede optar por extinguir el contrato con la indemnización legalmente prevista.
Movilidad geográfica y funcional
Los traslados que exigen un cambio de residencia deben estar justificados y cumplir los requisitos de comunicación y compensación establecidos legal o convencionalmente. La persona trabajadora puede aceptar el traslado, impugnarlo o, en determinados casos, solicitar la extinción indemnizada de su contrato. La asignación de funciones distintas también está sometida a límites relacionados con la titulación, el grupo profesional, la dignidad y la duración de la medida. Analizamos la decisión empresarial y las opciones disponibles en cada caso.
Solicitudes ante el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA)
FOGASA puede abonar determinados salarios e indemnizaciones pendientes cuando la empresa ha sido declarada insolvente o se encuentra en procedimiento concursal, siempre dentro de los límites legales. La prestación exige que la deuda esté debidamente reconocida y que se aporte la documentación correspondiente al procedimiento laboral, ejecutivo o concursal. El plazo general para solicitarla es de un año, aunque puede interrumpirse por determinadas actuaciones judiciales o concursales. Nos encargamos de revisar el derecho a la prestación, calcular la cantidad reclamable y tramitar el expediente.
